Hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), se trasladó el presidente, Gabriel Boric, junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y la Canciller, Antonia Urrejola, para ratificar la normativa, primera de carácter internacional, que aborda la violencia y el acoso en el ámbito laboral, mediante un instrumento específico referido a las normas que regulan las relaciones laborales.
Para la secretaria nacional, Prudencia Gómez, la iniciativa tiene un valor especial, «dado que aborda un tema de fondo en el ámbito laboral: La violencia y el acoso en los espacios de trabajo. Además, nace del Estado y eso tiene un valor extra en términos de fuerza. Por si fuera poco, la norma tiene aspectos inclusivos, preventivos y , lo que es fundamental, regulatorios. Esto le da un giro positivo a las relaciones laborales al interior de las empresas y termina con cualquier idea que normalice la violencia y el acoso sobre mujeres y hombres», destacó.
En tanto para, la directora, Bárbara Mauriziano, la ratificación, «es un avance civilizatorio en materia de trato laboral, entendiendo que es necesario dejar de naturalizar y aceptar los malos tratos. A partir de ahora, los y las trabajadoras contaremos con mecanismos para abordar, levantar y resolver ese tipo de situaciones», manifestó.
El convenio exige que los estados adopten un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Este enfoque contempla la acción sobre la prevención, la protección, el control del cumplimiento, las vías de recurso y de reparación, la orientación, la formación y la sensibilización, y tiene en cuenta a los terceros como víctimas y también como autores de los actos.
Con la ratificación, el Estado de Chile queda sujeto a los siguientes deberes:
a) Realizar un seguimiento y controlar la aplicación de la legislación.
b) Garantizar acceso a vías de recurso y reparación, así como a mecanismos y procedimientos de notificación y solución de conflictos.
c) Proteger la privacidad y confidencialidad de las personas implicadas.
d) Prever sanciones.
e) Prever que las víctimas tengan acceso efectivo a mecanismos de reclamación, asistencia, reparación y de solución de conflictos, con enfoque de género.
Esta normativa se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, y en zonas urbanas o rurales, y beneficia principalmente a las mujeres que son quienes más sufren de acoso y violencia.
Por otra parte, tanto el Convenio 190 como la Recomendación 206 promueven la negociación colectiva como herramienta fundamental para las y los trabajadores para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y presentan una oportunidad de reformas internas y sindicales con un enfoque inclusivo y con perspectiva de género.
